Nuevas reglas para las deportaciones ordenadas por Trump

La administración del presidente Donald Trump continúa implementando medidas que generan incertidumbre entre comunidades migrantes. En una reciente decisión judicial, una jueza federal en Colorado ha ordenado al gobierno notificar con al menos 21 días de anticipación, y en el idioma natal del inmigrante, cualquier intención de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Esta orden surge como respuesta a casos en los que migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban siendo expulsados sin recibir información clara ni en un idioma que entendieran, lo que les impedía ejercer su derecho a impugnar la deportación. La jueza Charlotte N. Sweeney también decidió mantener congeladas las deportaciones en ese estado al menos hasta el 6 de mayo, cuestionando abiertamente la legalidad de aplicar dicha ley a civiles.

El uso de esta norma, ha sido criticado por organizaciones defensoras de derechos civiles como la ACLU. Argumentan que el gobierno intenta aplicar procedimientos express para deportaciones sin las garantías mínimas de debido proceso.

Esta medida judicial representa un freno temporal dentro de una política migratoria que se ha vuelto más agresiva bajo el discurso de seguridad nacional promovido por Trump. Aunque la decisión aplica específicamente a casos en Colorado, marca un precedente legal importante frente al uso de herramientas excepcionales contra poblaciones vulnerables.

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